Los interesados amigos de Sinde

En 2008 se vendieron en España 6 millones de ordenadores. La adquisición de estos equipos supuso para sus compradores el desembolso de cantidades próximas a los 35 € para satisfacer el canon digital. Es fácil concluir, por tanto, que la venta de PCs en España ha dejado un beneficio neto muy superior a los 100 millones de euros para los Sres. de la SGAE. Un cálculo similar se podría realizar con la venta de CDs, DVDs, impresoras, escáneres, grabadoras, reproductores de MP3, teléfonos móviles, IPODs, etc., arrojando como resultado cifras multimillonarias de ingresos  para los patronos de los derechos de autor.

El canon digital se justifica por parte de la SGAE y el Ministerio de Cultura como compensación por la realización de copias privadas, sin embargo, los equipos informáticos de uso profesional o docente también están gravados con el canon aunque a lo largo de su vida útil no realicen ni una sola copia de material protegido con derechos de autor.  Además, puesto que es imposible establecer a priori el uso que cada propietario dará a sus artilugios informáticos, este impuesto viola los derechos individuales de muchos para proteger los intereses económicos de unos pocos.

Es indudable que las descargas ilegales violan los derechos de autor, pero yo me pregunto si el pago del canon digital no las hace legítimas al generar miles de usuarios que pagan religiosamente por sus  equipos y soportes informáticos aunque no infrinjan la ley de propiedad intelectual.

Por otro lado, el efecto de las descargas ilegales no puede ser considerado totalmente lesivo para autores y productores ya que eleva exponencialmente la capacidad de difusión del material artístico, a la vez que lo universaliza. Si bien es fácil entender que una visión altruista de la difusión de la cultura no alimenta a un sector industrial del que dependen muchos puestos de trabajo, es innegable que el efecto promocional que tiene el acceso colectivo a los productos originales también repercute positivamente en las ganancias de las compañías. Las cifras de negocio correspondientes a los ingresos por conciertos de artistas como U2 o Beyoncé han alcanzado máximos históricos a lo largo del pasado año. La recaudación en taquilla de películas como Avatar o la saga de Harry Potter se cuenta por miles de millones de euros y no son pocos los cantantes que han alcanzado los discos de oro o platino por el número de copias vendidas. Indudablemente, el lleno de los estadios o las salas de cine tiene una relación directa con la difusión universal del trabajo artístico y ésta, a su vez, está íntimamente relacionada con el uso que los internautas hacen de la red. Por consiguiente, es falso y demagógico demonizar, hasta el extremo que algunos sectores hacen, las descargas en la red.

El intento del gobierno para regular la webs de descarga es una vuelta de tuerca inadmisible si no conlleva la supresión o revisión del canon digital. Es evidente el carácter abusivo del impuesto si junto con su aplicación se fiscaliza y regula judicialmente la red para impedir las descargas ilegales. En este sentido, es importante señalar la presión que el lobby de los supuestos intelectuales y creadores ejerce sobre el ejecutivo. Para este sector, el canon digital implica unos ingresos nada desdeñables que en el caso de desaparecer obligarían a muchos de sus integrantes a tener que buscarse una forma más prosaica de ganarse la vida.

De entre todos los afectados por las descargas ilegales, la industria discográfica merece un punto y aparte. Durante décadas las compañías discográficas gozaron de unos privilegios equivalentes a los que los constructores  mantuvieron durante el periodo de inflado de la burbuja inmobiliaria. Los precios de los discos eran muy superiores  a su valor real de producción, resultando inalcanzables para la mayoría de consumidores. Mientras tanto, las compañías dilapidaban pingües beneficios entre autores, compositores y productores que viajaban en jet privado. En este periodo la  oferta musical era bastante más limitada al igual que los canales de distribución, férreamente controlados por  las grandes compañías. Esta situación de monopolio efectivo es lo que las empresas discográficas añoran y reclaman al sistema, aún sabiendo que la situación actual es totalmente diferente y requiere una reestructuración del funcionamiento del sector.

En la actualidad, los costes de grabación y edición de un disco han caído notablemente, a la vez que las vías de distribución, en forma de canales temáticos de radio, televisión o la propia Internet son increíblemente más amplios y flexibles.  Este cambio ha propiciado un incremento de la oferta que las compañías no aceptan repercutir en los precios de sus productos. En definitiva, la industria discográfica se ha enrocado en sus posiciones anteriores pretendiendo mantener los beneficios del pasado sin modificar su forma de negocio aunque las condiciones en las que se desarrolle actualmente sean completamente distintas y, por supuesto, mucho más exigentes. Por tanto, lo más cómodo para los magnates de la creación musical es pintar un horizonte apocalíptico como resultado de las descargas ilegales y tratar de obtener una legislación que devuelva el sector a sus pasados tiempos de gloria subsidiando de forma indecente a los autores con el dinero de todos los ciudadanos.

Si la SGAE no hubiese tensado la cuerda hasta el punto de convertirse en una de las entidades más aborrecidas por los españoles, el canon digital y la Ley de Sinde y sus amigos habrían pasado desapercibidos, pero exigir cobrar porque en tu boda suene  “Paquito el chocolatero”,  es incompatible con la idiosincrasia del ciudadano Español y produce insumisión generalizada.

Recientemente, Pilar Bardem, una destacada amiga de Sinde, se declaraba “Internauta de 4 o 5 horas al día” y definía como “Gurús que no la representaban” a las asociaciones de Internautas que habían ejercido su protesta ante el intento de aprobación de la Ley. Desde aquí, voy a permitirme darle a ella y a todos los amigos de Sinde un amable consejo: trabajen más y naveguen menos, quizás así no sea necesario que los demás ciudadanos financiemos sus salarios con nuestros recursos.

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~ por Orfeo en 23 enero 2011.

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